(Caracas, 11 de noviembre de 2026 / Prensa MinMujer).- Este miércoles, en las instalaciones del Salón Las Heroínas, ubicado en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), se realizó el conversatorio denominado «No Revictimización y Protocolos de Actuación». La actividad estuvo dirigida a fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta multisectorial frente a la violencia basada en género.

Al encuentro asistieron autoridades de diversos entes administradores de justicia, junto a integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado (CPNB, policías estadales y municipales, CICPC), personal de salud, así como voceras del Poder Popular, movimientos sociales y Defensoras Comunales.

El evento contó con la participación de ponentes y especialistas representantes de distintas instituciones del Estado —entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Oficina Nacional de Atención Integral a las Víctimas de Violencia—, quienes aportaron miradas multidisciplinarias para fortalecer la ruta de atención integral. Cada una de las expertas expuso herramientas técnicas, jurídicas y de acompañamiento orientadas a garantizar una respuesta institucional oportuna que priorice los derechos de las víctimas.

En este sentido, la comisario general, Nancy García, viceministra de Protección Social de los Derechos de la Mujer, explicó el funcionamiento del sistema de territorialización para la promoción, protección y garantía de los derechos de la mujer y la familia, estructura que opera bajo un marco estratégico que integra a las distintas instituciones del Estado en sus niveles nacional, estadal y municipal, articulando además la unión popular, militar y policial.

García precisó que, ante la ocurrencia de un evento de violencia, la activación institucional debe realizarse de forma inmediata a través de los cuadrantes de paz, los comités de los consejos comunales, las defensorías comunales o las integrantes del comité de mujeres, asegurando el acompañamiento directo para prevenir la revictimización.

«El sistema incluye un ámbito nacional, comunal, estadal y municipal, así como una fusión popular-militar-policial. Aquí está el mandato para la protección y garantía de los derechos de la mujer y la familia (…) rompamos paradigmas. Hoy por hoy la lucha contra la violencia es del hombre y la mujer por el bien humano. No puede haber un espacio de construcción donde estén solo las mujeres o solo estén los hombres».

Asimismo, hizo referencia al «anillo de protección» cuyo objetivo es evitar que las víctimas retrocedan en sus denuncias o procesos legalmente establecidos, garantizando un soporte integral en cada comunidad y transversalizando el enfoque de género para propiciar una transformación social sostenible con la participación de mujeres y hombres.

Por otra parte, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Lourdes Benicia Suárez Anderson, examinó la evolución histórica de la legislación en el país, señalando que anteriormente las agresiones contra las mujeres no eran tipificadas ni penalizadas como delitos graves, hasta consolidar la actual Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, enfatizó que al hablar del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es fundamental analizar el trato que recibe la víctima al momento de interponer una denuncia, indagando si los organismos receptores —como los cuerpos policiales— ofrecen una atención empática, adecuada y humana, o si por el contrario incurren en prácticas revictimizantes.

«Podemos hablar de revictimización cuando los protocolos de atención a la víctima no son realmente seguidos o no están establecidos. La revictimización se genera en el ámbito institucional, social, laboral, familiar», precisó.

La Magistrada explicó los mecanismos jurídicos implementados para garantizar la no revictimización y proteger el testimonio de las víctimas, destacando la figura de la prueba anticipada. Este mecanismo permite que la mujer o las niñas, niños y adolescentes rindan su declaración una sola vez ante el tribunal con los protocolos necesarios, evitando que tengan que repetir su testimonio en múltiples ocasiones y previniendo el impacto emocional, las amenazas o la pérdida de pruebas fundamentales.

La funcionaria resaltó que el país cuenta con un total de 172 tribunales especializados en atender casos de violencia contra la mujer a nivel nacional, los cuales operan articulados con equipos multidisciplinarios para asegurar una respuesta judicial efectiva y oportuna.

Olimpia Müller Peña, autora del libro No todo acuerdo es paz, abordó el papel fundamental de la judicatura de paz en la prevención y atención de la violencia de género. La especialista señaló que quienes ejercen esta responsabilidad deben actuar como agentes de prevención en sus comunidades y articular con organismos de seguridad ciudadana, defensorías comunales y cuadrantes de paz para brindar una respuesta integral que garantice la protección de las mujeres.

Müller Peña recordó que Venezuela cuenta con herramientas fundamentales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y el Código Civil, además de las atribuciones emanadas de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz.

Durante su intervención en el conversatorio, la Dra. Monique Fernández, directora de la Oficina Nacional de Atención Integral a las Víctimas de Violencia (ONAIVV), reseñó que esta dependencia fue creada por decreto presidencial en 2016 con el propósito fundamental de unificar los protocolos de atención en todas las oficinas adscritas al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y demás órganos de seguridad ciudadana.

«Tenemos protocolos de atención; no actuamos desde el libre albedrío, sino bajo mecanismos formalmente establecidos para brindar una atención adecuada a quienes enfrentan situaciones de violencia. Y esto debemos entenderlo todas y todos: si no existe vocación de escucha o sensibilidad ante el problema de la persona afectada, es necesario revisar esa responsabilidad. Nuestra misión es fundamental; sin empatía ni capacidad de ponernos en el lugar de la víctima, es imposible garantizar un verdadero proceso de atención y protección», precisó.

Asimismo, Fernández indicó que la ONAIVV exige que los protocolos de atención incluyan una respuesta inmediata, ya que la omisión ante una denuncia constituye una falta grave que afecta la protección integral de las mujeres, niñas, adolescentes y adultos mayores. Con ello, se busca garantizar que las instituciones actúen como un engranaje unificado de contención y apoyo en todo el proceso de restitución de derechos.

(Fin/Oriana Gámez).