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MinMujer y MPPSP avanzan en el abordaje especial para mujeres privadas de libertad con enfoque diferenciado

(Caracas, 9 de junio de 2026. Prensa MinMujer).- En el marco del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, se llevó a cabo una reunión de trabajo estratégica entre la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitze Santaella, y el ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. El encuentro, realizado bajo las orientaciones de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez Gómez, estuvo dedicado a evaluar los avances de la comisión «Más Justicia con Enfoque Diferenciado: Medidas No Privativas de Libertad», orientada a fortalecer la atención a la población femenina dentro del sistema penal.

Durante la jornada, ambas autoridades destacaron el éxito del despliegue interinstitucional y la corresponsabilidad entre los distintos Poderes Públicos, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional (AN). Esta articulación con diversos sectores políticos tiene como propósito consolidar una administración de justicia con perspectiva de género, garantizando el debido proceso y agilizando las causas judiciales mediante mecanismos más eficientes.

El abordaje especial prioriza, desde una perspectiva humanitaria, a los perfiles más vulnerables dentro de los centros penitenciarios, con énfasis en madres, mujeres embarazadas, adultas mayores de 70 años y aquellas con condiciones de salud delicadas. A través de esta política de humanización, se promueve el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad y libertades plenas, asegurando que las evaluaciones psicosociales y preventivas respondan a criterios de justicia social.

Para finalizar, las autoridades ratificaron el firme compromiso del Gobierno Bolivariano con la protección integral de la familia venezolana y con el derecho a la reinserción social. Coincidieron en que estas acciones complementarias reafirman la efectividad de las políticas públicas penitenciarias del país, demostrando que la cooperación institucional es clave para seguir garantizando la paz, los derechos humanos y la convivencia democrática.

(Fin/Nathalie Matute).