(Caracas, 2 de mayo de 2026).- Este martes, en una nueva edición del programa radial «Alma de Mujer», transmitido por Radio Miraflores, se desarrolló un análisis de la Gran Consulta Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia Penal, orientada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez. El espacio conducido por la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitze Santaella, junto a la periodista Anahí Arizmendi, contó con un panel de especialistas del sistema de justicia quienes abordaron la trascendencia de este despliegue que busca optimizar los procesos judiciales en el país.

Durante el espacio radial, la ministra Yelitze Santaella subrayó que este proceso no parte de cero, pues Venezuela cuenta con una Constitución y un cuerpo de leyes de avanzada que orientan el rumbo de la transformación.

«Simple y llanamente hay algunos nudos críticos que, de acuerdo a la experiencia acumulada, o los mejoramos, o los profundizamos, o los eliminamos en lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia».

Destacó la importancia de sumar a los movimientos sociales, las comunas y a los jueces de paz para lograr una mayor territorialización de las medidas judiciales ante delitos menores.

En ese sentido, destacó la importancia de incorporar a los movimientos sociales, las comunas y a los jueces de paz, actores que permiten territorializar las medidas judiciales y ofrecer respuestas más rápidas y efectivas ante los delitos menores.

Asimismo, la ministra Santaella extendió un reconocimiento público a la labor que vienen desarrollando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público, especialmente en el abordaje directo en las comunidades y en las mesas técnicas que han permitido la liberación y el retorno a sus hogares de mujeres privadas de libertad.

«Hemos mirado precisamente los expedientes con ojos de justicia y de humanidad. El expediente debe verse con calidad humana siempre», reflexionó.

Con este señalamiento, Santaella subrayó que la reforma penal no solo implica revisar normas y procedimientos, sino también transformar las prácticas institucionales para garantizar decisiones más justas, oportunas y cercanas a la realidad social del país.

Operadores de justicia debaten nudos críticos y celeridad procesal

Por su parte, el fiscal superior del estado Miranda, abogado Luis Francisco Ramírez, reconoció la existencia del retardo procesal y aseguró que las acciones están orientadas a atacarlo de raíz. Informó que, en los próximos días, se realizarán nuevas visitas institucionales a los centros penitenciarios para escuchar directamente a las personas privadas de libertad y avanzar en la revisión de expedientes, entre otras medidas.

En la misma línea, la abogada Angie Carfi, coordinadora de la Sala de Casación Penal del TSJ, señaló que el máximo tribunal trabaja de manera articulada con todos los órganos auxiliares para minimizar los lapsos procesales, garantizar la comparecencia oportuna de los órganos de prueba y canalizar, cuando corresponda, determinadas causas a través de la justicia de paz, con el fin de descongestionar el sistema y ofrecer respuestas más rápidas a la ciudadanía.

La abogada penalista y exjueza Karolyan Parra Campos, detalló que esta gran reforma estructural se fundamenta en tres bloques: el fortalecimiento de las capacidades institucionales, una agenda legislativa oportuna (recordando la deuda legal respecto al Código Penal) y el acceso efectivo a la justicia. Parra recalcó la necesidad urgente de mantener una formación periódica y, sobre todo, sensibilizar a los funcionarios frente a las víctimas de violencia basada en género para evitar la revictimización en el proceso.

Plan de prevención y el combate frontal a la impunidad

El panel coincidió en que el abordaje debe comenzar mucho antes de que ocurra el delito. En esa línea, la ministra Santaella propuso que la consulta nacional incorpore el diseño de un plan preventivo de Estado que actúe desde la escuela y el seno familiar, como parte de una estrategia integral para reducir la conflictividad y fortalecer la convivencia.

«Nuestro mayor logro sería no tener personas privadas de libertad, pero para lograr eso tenemos que abordarlo desde la parte preventiva», afirmó, exhortando a las familias —madres, padres y personas cuidadoras— a asumir un rol protagónico en la formación de la ciudadanía del futuro.

Con esta reflexión, la ministra subrayó que la reforma penal no solo implica revisar procedimientos y estructuras, sino también promover una cultura preventiva que involucre a la comunidad en la construcción de un país más seguro y más humano.

La ministra Santaella fue tajante al aclarar que el humanismo y la prevención no significan, bajo ninguna circunstancia, impunidad frente a delitos graves, haciendo especial énfasis en los casos de abuso contra niñas y niños.

«A quienes cometan estos delitos métanles toda la pena, porque las niñas y los niños son sagrados. Quien cometa el delito debe pagar por el delito cometido», sentenció la ministra, llamando a la máxima alerta familiar, dado que un alto porcentaje de estas agresiones ocurre en el entorno cercano.

Convocatoria abierta a la participación protagónica

La titular del ministerio, Yelitze Santaella, convocó con firmeza a las más de 2 millones 250 mil mujeres organizadas en comités en todo el territorio nacional a incorporarse activamente en las mesas de debate, recordando que el sistema judicial solo se consolidará con la participación masiva del poder popular.

«Todas y todos estamos invitados a participar en esta gran consulta a la que nos ha convocado nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez; nuestra participación es el mejor aporte que podemos darle al sistema de justicia para garantizar la paz del país», concluyó.

(Fin/Oriana Gámez).