(Caracas, 16 de mayo de 2026. Prensa MinMujer).- En una jornada de sesiones continuas que se extenderá hasta este domingo, la Mesa de Redacción del Instrumento se encuentra desplegada para finiquitar la propuesta que servirá de base para la construcción del reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tras cinco reuniones previas, los equipos multidisciplinarios concentran esfuerzos este fin de semana para unificar los criterios jurídicos y técnicos.

El objetivo es consolidar los avances alcanzados y presentar la próxima semana, ante la Comisión General, un proyecto estructurado que permita avanzar en la definición del marco normativo.

Esta mesa técnica surge como el brazo operativo de la Comisión para el Reglamento de dicha ley, instalada formalmente en el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 24 de abril con el propósito de recabar aportes de diversos sectores. En las mesas de trabajo actuales confluyen, de manera plural, vocerías de la sociedad civil, sectores de oposición, funcionarios del Gobierno Bolivariano y especialistas con amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género.

El debate se ha concentrado en corregir seis brechas procedimentales detectadas en el sistema de atención, con el fin de avanzar hacia un reglamento coherente, operativo y ajustado a las necesidades reales del país.

Durante la jornada de este sábado, Nancy García, viceministra de Protección Social de los Derechos de las Mujeres y co‑coordinadora de esta mesa junto a Vanessa Robertazo, explicó que la prioridad del trabajo actual es la dimensión procesal y procedimental del reglamento.

«Estamos desarrollando cómo se operativiza la acción de justicia para garantizar una vida libre de violencia o colocar de inmediato las medidas de protección y seguridad», señaló García.

Asimismo, destacó que, bajo las orientaciones de la ministra Yelitze Santaella, se busca humanizar la ruta judicial, optimizar la recepción de denuncias y asegurar la no revictimización. El objetivo es construir un instrumento prospectivo que garantice el debido proceso constitucional tanto para fiscales y jueces de paz como para los órganos receptores, fortaleciendo así la respuesta institucional frente a la violencia de género.

El documento de trabajo que se está consolidando fundamenta sus bases en la transversalización de los enfoques de género, derechos humanos e interseccionalidad, delimitando la responsabilidad del Estado en sus deberes de prevención, atención y sanción. En el ámbito de las políticas públicas, la propuesta metodológica establece competencias específicas para el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, las Defensorías y otros entes del Estado, definiendo mecanismos de coordinación interinstitucional para evitar la fragmentación de la asistencia y promoviendo la formación obligatoria en materia de género.

Asimismo, la propuesta metodológica regula de manera detallada las rutas de acceso a la justicia y los protocolos de actuación obligatorios para los órganos receptores —Policía, Ministerio Público y Tribunales— con el fin de combatir el retardo procesal de forma ágil y efectiva. El texto en revisión también estandariza las medidas de protección y seguridad inmediatas, regula las medidas cautelares destinadas a contener la escalada de violencia, define los parámetros de responsabilidad civil para la reparación del daño a las víctimas y desarrolla protocolos técnicos específicos para abordar tanto la violencia familiar como la violencia vicaria.

Tras culminar los encuentros de este fin de semana y presentar el compilado formal este lunes, la agenda institucional contempla una reunión ampliada con todos los integrantes de las diversas mesas de trabajo. En esa instancia se presentará y debatirá el proyecto completo de reglamento, unificando los esfuerzos de los sectores judiciales, académicos y de las ONG participantes bajo el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, orientado a consolidar de manera definitiva la justicia de género en el país.

(Fin/Oriana Gámez)