Mujeres en Defensa Popular de la Economía

1. Guerra Económica

¿Guerra Económica? ¿Ilícitos contra los Precios Justos?

Se trata de una de las ofensivas políticas más importantes para tratar de destruir a la Revolución Bolivariana, golpeando el salario del pueblo, su dignidad, tratando de desmoralizar y crear zozobra. Una medida extrema para socavar la economía venezolana, creando niveles de inflación desproporcionados.

Frente a la Guerra Económica desatada por la Burguesía Venezolana, sólo el Poder Popular  junto al Gobierno Bolivariano pueden derrotar la especulación y el acaparamiento.

Por esta razón, desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, asumimos el compromiso de sumarnos al esfuerzo político nacional contra el sabotaje económico.

En primer lugar nos incorporamos al Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, y respaldamos la labor que de ahora en adelante desarrollará la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio Económicos. 

2. ¿Qué es la usura, el acaparamiento, el boicot, la especulación y el remarcaje?

Son los distintos ilícitos que está cometiendo la burguesía parasitaria aliada al imperialismo, contra la economía nacional, contra el pueblo venezolano.

Usura: Se da cuando se realiza una operación comercial por razón de una prestación notoriamente desproporcionada a la contraprestación.

Acaparamiento: Consiste en restringir la oferta, circulación o distribución de bienes para provocar escasez y distorsiones en sus precios.

Boicot: Consiste en almacenar y mantener fuera del mercado algún producto para impedir su producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución o comercialización. También es usado para crear falso desabastecimiento.

Especulación: Es el conjunto de acciones comerciales o financieras que tienen como fin la obtención de un beneficio financiero fraudulento, gracias a las fluctuaciones de los precios. Simplemente vender más caro (remarcaje), jugando con las necesidades del consumidor.

3. ¿Cómo afectan los ilícitos contra los precios a las mujeres y a las economías familiares?

Los ilícitos económicos afectan de manera sustancial el poder adquisitivo, la tranquilidad psicológica y por tanto la calidad de vida de las familias venezolanas. Siendo en muchos casos las mujeres cabezas de familia o por lo menos administradoras del presupuesto doméstico, estas se ven presionadas y agobiadas con el trajín de buscar mejores precios para optimizar el ahorro.

4. ¿Cómo denunciar los Ilícitos?

A través de la línea 0800 Mujeres (6853737)

A través de la sala situacional de cada Estado. Consultar contactos estadales en la página web http://www.minmujer.gob.ve/.

Nota: este procedimiento se desarrollará, mientras se pone en funcionamiento un sistema único de denuncia, que a su vez orientará la ruta de inspecciones a las salas situacionales del Estado Mayor Regional.

5. Requisitos para sustentar la denuncia

Datos Personales del denunciante.

Datos de Contacto (Teléfono, Correo)

Razón Social del Establecimiento (RIF)

Dirección Exacta del Establecimiento (Indicar punto de referencia).

Denuncia: (Sector económico, motivo, infracción, detalle de la denuncia).

6. Marco Legal de los Precios Justos

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela—

Art. 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo...”

Art. 114: “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización, y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley”.

Art. 326: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil.. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.

—7. Ley Orgánica de Precios Justos

Art. 1: Objeto: “Asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios…, a fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente el salario de las trabajadoras y los trabajadores…”

Art. 2: Sujetos de Aplicación: “Las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos. …”

Art. 3: Fines:

​“Consolidar el Orden Económico Socialista…

Defender, proteger y salvaguardar los derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, en el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades.

Proteger al Pueblo contra las prácticas de acaparamiento, especulación, boicot, usura, desinformación y cualquier otra distorsión propia del modelo capitalista…”

Contraloría Social de los Precios Justos

8. Defensoras por los precios justos

Son las mujeres integrantes de los Comités para la Defensa Popular de la Economía, que tienen como objetivo detectar presuntos ilícitos contra los precios justos tales como la especulación, el acaparamiento, la usura, el remarcaje y/o ocultamiento.

El Comité de Mujeres para la Defensa Popular de la Economía, es un instrumento orgánico del Poder Popular integrado por Madres del Barrio, Movimientos Sociales, Frentes Populares,  Movimientos y Frentes Feministas y de Sexo-Diversidad, que en articulación con las Instituciones del Gobierno como la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos,  realizan tareas de Contraloría Social en todos los niveles y formas en la que se desarrolla o expresa la Guerra Económica. Se trata de una red de inteligencia y contrainteligencia social para garantizar la soberanía nacional.

9. Como conformamos los comités

Se organizan por medio de la agrupación de mínimo cinco y un máximo de diez mujeres las cuales deben proceder a llenar la planilla (digital - http://www.minmujer.gob.ve/ -  o física – entregar en las sedes estadales del Minmujer) de caracterización e indicar el ámbito territorial en común precisando: estado, municipio y parroquia de pertenencia. Tal registro debe reportarse a la brevedad posible a la sala situacional que corresponda según el estado para incorporar al comité a los planes de acción contra el sabotaje económico.

10. Objetivos específicos:

Coadyuvar en la Defensa Nacional de la Economía.

Verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos por las unidades económicas de los diversos eslabones de la cadena productiva.

Iniciar el proceso de seguimiento popular del cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos.

Fomentar la implementación de la Inteligencia Popular como herramienta de verificación de información y supervisión

11. Funciones:

Detección de los presuntos ilícitos contra los precios justos que atentan contra la economía familiar a partir de la observación de los precios de los productos de consumo familiar en los comercios, supermercados, mercados populares y demás espacios.

Registro de los presuntos ilícitos contra los precios justos en la “ficha de registro de ilícitos contra los precios justos”. Esta ficha servirá como insumo en los procesos de información y denuncia que la Sala Situacional de MinMujer transmitirá a la SUNDDE.

Informar a las Salas Situacionales de cada Estado, sobre los ilícitos contra los precios justos tales como la especulación, el sobreprecio, el acaparamiento, la usura, el remarcaje y/o ocultamiento.

Articulación de acciones colectivas como el boicot contra los comerciantes especuladores que incurren en ilícito, así como la protesta frente a  los comercios que incurran en los presuntos delitos detectados. Asimismo, las defensoras deben comprometerse en la sensibilización comunitaria  con respecto a los ilícitos contra los precios justos y así coadyuvar a reducir los efectos producidos por la guerra económica.

12. Marco Legal del Poder Popular

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia 

Art. 8: Actividad de Inteligencia: “…La actividad de inteligencia civil es aquella que se desarrolla en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y ambiental...”

Art. 9: Actividad de Contrainteligencia: “…La actividad de contrainteligencia civil es aquella que se desarrolla en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y ambiental...”

13. Ley Orgánica del Poder Popular

Art. 6: Ámbito de Aplicación: “Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a todas las organizaciones, expresiones y ámbitos del Poder Popular, ejercidas directa o indirectamente por las personas, las comunidades, los sectores sociales, la sociedad en general y las situaciones que afecten el interés colectivo, acatando el principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública".

Art. 8: Definiciones: “A los efectos de la presente Ley se entiende por:

Control social: Es el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo.

Organizaciones de base del Poder Popular: Son aquellas constituidas por ciudadanos y ciudadanas para la búsqueda del bienestar colectivo".

Art. 11: Fines:

“Las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular tienen como fines: … 5. Ejercer la contraloría social”.

Art. 19: Contraloría Social: “La contraloría social, es un ámbito de actuación del Poder Popular para ejercer la vigilancia, supervisión, acompañamiento y control sobre la gestión del Poder Público, las instancias del Poder Popular y las actividades del sector privado que afecten el bienestar común, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, en los términos establecidos en la ley que regula la materia".

14.—Ley Orgánica de Contraloría Social

Art. 1: Objeto: “Desarrollar y fortalecer el Poder Popular, mediante el establecimiento de las normas, mecanismos y condiciones para la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social como medio de participación y de corresponsabilidad de los ciudadanos, las ciudadanas y sus organizaciones sociales, mediante el ejercicio compartido, entre el Poder Público y el Poder Popular, de la función de prevención, vigilancia, supervisión y control de la gestión pública y comunitaria, como de las actividades del sector privado que incidan en los intereses colectivos o sociales”.

Art. 2: Definición: “La contraloría social, sobre la base del principio constitucional de la corresponsabilidad, es una función compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones del Poder Popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales.."

Art. 3: Propósito: “El propósito fundamental del control social es la prevención y corrección de comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética en el desempeño de las funciones públicas, así como en las actividades de producción, distribución, intercambio, comercialización y suministro de bienes y servicios necesarios para la población, realizadas por el sector público o el sector privado”.

Art. 4: Ámbito de Aplicación: “Todos los niveles e instancias político territoriales de la Administración Pública, a las instancias y organizaciones del Poder Popular y a las organizaciones y personas del sector privado que realicen actividades con incidencia en los intereses generales o colectivos”.

Art. 5: Finalidad: “1. Promover y desarrollar la cultura del control social como mecanismo de acción en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los asuntos públicos, comunitarios y privados que incidan en el bienestar común...”

Art. 7: Deberes:  “La contraloría social se ejerce, de manera individual o colectiva, en todas las actividades de la vida social, y se integra de manera libre y voluntaria bajo la forma organizativa que sus miembros decidan...”

Art. 9: Medios de Ejercicio:  1. Individual… 2.Colectivamente: A través de la constitución de organizaciones, por iniciativa popular, conformadas por dos o más personas, para ejercer el control de manera temporal sobre una situación específica y circunstancial; o permanentemente, sobre cualquier actividad del ámbito del control social, debiendo estas últimas cumplir con las formalidades de constitución establecidas en la presente Ley y registrase en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana. 3. Orgánicamente....”

Art. 13: Procedimiento: “…Mediante denuncia, de la siguiente manera: 1) Notificando al órgano competente la presunta infracción, irregularidad o inacción. 2) Levantando acta suscrita quienes integren la contraloría. 3) Remitir acta a las autoridades. 4) Hacer seguimiento.